El papel de las "Agencias de calificación" en la crisis

Nos referimos a las "Agencias de rating", tales como Standar and Poor´s, Moody´s y Fitch (quienes controlan el 90% del mercado), las mismas que, la víspera del colapso de Lehman Brothers en 2008, calificaron a dicha entidad con una de las notas más altas, del mismo modo que avalaron con todas las "bendiciones" habidas y por haber, las hipotecas subprime o "basura", hipotecas que están en el origen de la crisis financiera actual.

El negocio de dichas agencias a partir de 2001, en pleno boom inmobiliario, consistió en calificar al alza -previo pago por su asesoramiento- diferentes productos financieros de sus clientes. Muchos de esos productos eran hipotecas basura y activos tóxicos. Las agencias, en connivencia con la banca, les otorgaron la máxima calificación. Gracias a estas operaciones, los ejecutivos de las agencias multiplicaron sus ingresos. Al mismo tiempo, generaron una burbuja cuyo estallido aniquiló de un plumazo el derecho a la vivienda de miles de familias y condenó a muchas otras al desempleo (ver artículo de attac).

Pese a su responsabilidad en el origen de la crisis y pese a no haber respondido ante ninguna institución u organismo internacional por sus "errores" de cálculo, siguen actuando como los "sumos sacerdotes" del "dios mercado", decidiendo la "solvencia" o "confianza" que un banco o todo un país puede y debe merecer. De hecho, una calificación a la baja para la deuda de un país, permite a quienes compran esa deuda (sobre todo, fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos y bancos) exigir más intereses por la compra de dicha deuda.

Pues bien, dichas agencias de rating, han sido las encargadas de ahogar y asfixiar lentamente a los países periféricos de la zona euro (primero Grecia, luego Irlanda y posteriormente Portugal), bajando una y otra vez, la nota de su deuda y poniendo en entredicho con ello la credibilidad de dichos países de cara a hacer frente a los pagos de los créditos recibidos en el mercado.

Se da la "casualidad" de que algunos de los mayores fondos de inversión (BlackRock y Capital Group) están entre los mayores accionistas de Standard & Poor's (S&P) y Moody's. Esta última pertenece a un grupo (McGraw Hill) que, además, gestiona algunos de los principales índices bursátiles del mundo (como la Bolsa de Nueva York), entre otros muchos negocios. De ahí que cada vez sean más las voces que denuncien la existencia de un posible conflicto de interés en sus actuaciones (ver noticia). Dicho de otro modo: cada vez que una agencia de rating califica a la baja la solvencia de un país, sus accionistas (grupos de inversión), abren sus manos para recoger los beneficios. Ver también: "Los bancos de EEUU se hacen de oro con la crisis del euro".

Los países castigados por dichas agencias y la misma UE, en numerosas ocasiones han mostrado su "malestar" por lo que consideran prácticas arbitrarias (interesadas) y un tanto heterodoxas. Pero, dado el inmenso poder que acaparan dichas agencias, que califican la calidad y el riesgo de los productos financieros y tienen, por tanto, un papel clave a la hora de facilitar o entorpecer que los gobiernos puedan financiarse en los mercados a precios razonables, no han pasado a la acción.

Ahora, las buenas noticias:

Ante la parálisis institucional, se ha presentado en nuestro país una querella contra las tres grandes agencias de rating -Moody's, Standard & Poor's y Fitch, pidiendo que "congelen sus cuentas", a la vista del posible perjuicio que están generando y con el fin de hacer frente a una posible responsabilidad civil".

los promotores de la querella en España, que representa a partidos políticos (IU, ICV, ERC) y redes ciudadanas (como Attac y el Observatorio DESC, entre otras), consideran que las agencias siguen un mismo patrón con el objetivo de "hundir la deuda soberana en beneficio de terceros", ya sean clientes de las agencias o accionistas. Fondos que se benefician del mayor interés que deben pagar los gobiernos, como Capital Group, BlackRock y Vanguard, son a la vez accionistas de las grandes agencias.

Según parece, las agencias no se lo han tomado demasiado bien, advirtiendo que "podrían dejar de calificar a los países más expuestos si siguen adelante con sus planes de hacerlas legalmente responsables de rebajas erróneas" (una decisión de este tipo llevaría directamente a la quiebra a un país).

Un pequeño ejemplo de cómo se las gastan estas agencias: El 10 de marzo Moody's "reventó" una importante comparecencia, prevista con anterioridad, del gobernador del Banco de España, que cifró en 15.000 millones las necesidades del sistema financiero español, degradando sólo unas horas antes a España y cuantificando las necesidades de su sistema financiero en una horquilla de entre 50.000 y 120.000 millones, cuando tan sólo cuatro meses antes cifraba las necesidades en 17.000 millones y, lo peor de todo, sin esperar a conocer los datos oficiales. Las consecuencias no se hicieron esperar: España tuvo que pagar más intereses en el mercado por su deuda.

Para terminar un vídeo de TV Attac, en el que explican los motivos de la querella contra las tres agencias.

 


España paga 12.400 millones de más al año por cada cien puntos básicos de diferencial.

(Público, 14-VI-2011).

La prima de riesgo o diferencial frente al bono alemán es uno de los términos que ha puesto de moda la crisis. Es la cuantía de más que tiene que pagar España para conseguir que los inversores compren su deuda (y no elijan la germana). Eso supone que el país tiene un coste extra anual de casi 31.400 millones por los excesos de la prima de riesgo, que ahora está fijada prácticamente por la especulación, ya que, según los expertos, si dependiera únicamente de la realidad, debería estar situada en torno a 80 puntos básicos.

Ese coste que se paga de más al año duplica los 15.000 millones de recortes extra que tuvo que aplicar el Gobierno de Zapatero en mayo del año pasado para tranquilizar a los especuladores (y a Alemania) y que dejaran de intentar que España llegara a necesitar un rescate. Francisco González (presidente del BBVA) calculó que con los 12.400 millones de cien puntos se podrían pagar todas las infraestructuras previstas para este año y crear 160.000 empleos.